"Acción meditada y perfectamente preparada". El auto de prisión añade que la acción del gobierno de Cataluña cesado el pasado 27 de octubre "fue meditada y perfectamente preparada y organizada" y que durante más de dos años ha venido incumpliendo de forma sistemática las resoluciones del Tribunal Constitucional "en pro de la independencia".
En este punto se refiere a Turull y Forn --que accedieron a sus respectivas consejerías el 14 de julio de 2017-- y apunta que "no puede desconocerse la multitud de actuaciones que en el desarrollo del proceso independentista" han llevado a cabo desde entonces. Matiza, en todo caso, que todos ellos jugaron "un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudiera desviarles de su finalidad".ANC Y Òmnium, "brazo civil del levantamiento". Además, la magistrada añade que los investigados vienen operando "dentro de un grupo perfectamente organizado de personas" apoyados por asociaciones soberanistas "con poder y capacidad para auxiliarles de la Justicia" y que actúan como "brazo civil del levantamiento". Algunos de ellos recuerda, pertenecen a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, "que ha jugado un papel decisivo en el proceso". Por su implicación en estos hechos se encuentran en prisión por orden de esta misma juez Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de las dos asociaciones.
Por otro lado, Lamela considera que existe alto riesgo de reiteración delictiva teniendo en cuenta que todas las actividades investigadas "se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años" con excepción de los dos consejeros antes mencionados.Borrás recaudó dinero para el referéndum. Al igual que expuso cuando admitió a trámite la querella de la Fiscalía, Lamela recuerda la existencia de un documento denominado EnfoCATs que establecía una hoja de ruta para alcanzar la independencia de Cataluña así como el papel que debería jugar los actores en el mismo.
Respecto a Rull dice que puso de manifiesto el "rechazo institucional" al contingente policial desplazado a Cataluña. De Bassa expone que efectuó un comunicado desde el Departamento de Trabajo que dirigía alentando a la convocatoria de huelga del pasado mes de octubre, mientras que de Borràs dice que adoptó "medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum"; de ahí el delito de malversación.Alentaron la insurreción pública. También alude que en ejecución de dicho plan los investigados "se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado ocupando, al efecto, carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un "incesante acoso".
En este contexto la magistrada de la Audiencia Nacional apunta a la actuación del presidente de la Generalitat cesado quien, de cara a poder celebrar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, remitió una carta a los alcaldes de Cataluña pidiéndoles que pusieran a disposición locales municipales para la celebración del referéndum. Algunos ediles desatendieron la solicitud, lo que motivó que dos días después, y acompañado por Jordi Sànchez (ANC) hiciera un llamamiento al enfrentamiento contra estos.