El operativo ha culminado con la entrada y registro de un inmueble en la localidad de Albacete, donde residían los cabecillas de la red, dos hermanos y su madre, quienes recibían el dinero obtenido aunque no participaban directamente en las actividades ilícitas.
La operación se inició a mediados de 2024, tras varias alertas anónimas recibidas en el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional. Las comunicaciones advertían sobre la existencia de un piso prostíbulo en Alicante donde varias mujeres de origen latinoamericano estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución y, además, se señalaba que dicho inmueble funcionaba también como punto de venta de drogas.
Durante la investigación, los agentes descubrieron que el entramado criminal se dedicaba de manera paralela a la extorsión de aquellos individuos que accedían a los anuncios de los servicios sexuales ofrecidos por las mujeres y que eran publicados en plataformas digitales.
Según la Policía, el 'modus operandi' de la organización era amenazar a los clientes con desvelar a su entorno más cercano que consumían prostitución. Así, les exigían pagos que oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros. Las amenazas incluían agresiones físicas o incluso la muerte de ellos o sus familiares en caso de negarse al pago.
Los acusados utilizaban líneas telefónicas contratadas con documentación obtenida de forma fraudulenta -mediante robos o extravíos-, lo que dificultaba la labor policial. Estas líneas eran dadas de baja inmediatamente después de su uso delictivo.