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Dos ciudadanos centroafricanos detenidos en Albacete por explotación laboral de sus compatriotas en la recogida del ajo.

Por Domingo Martínez
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martes 25 de julio de 2017, 10:31h

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Tras las actuaciones realizadas por efectivos de la Comisaría de Albacete, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dirigidas a la prevención y represión de la explotación laboral en las campañas agrícolas que se incrementan en los últimos meses por toda la provincia de Albacete, y con ellas de jornaleros llegados desde diversos puntos de la geografía española, han dado como resultado la detención de dos ciudadanos centroafricanos.

Estos, ejercían de jefes de cuadrillas entre sus compatriotas, que habían captado como mano de obra para los empresarios del sector del cultivo del ajo, actividad que rodeaban de diversos comportamientos delictivos o actividades ilegales.

 El número de trabajadores que controlaban era muy elevado por la alta demanda de mano de obra que precisa el sector del ajo, lo que les llevaba a emplear en muchos casos a trabajadores que se encuentran en situación ilegal, preferidos por ser más susceptibles de explotación y temerosos en cuanto a la reclamación de sus derechos. Para facilitar el trámite de alta en la Seguridad Social entregaban al empresario documentación falsificada o copia de la de terceros, bien sin su consentimiento, o en otros supuestos con la anuencia del titular, a cambio de percibir una cantidad de dinero.

En el transcurso de la investigación policial pudo acreditarse como los detenidos, para dar de el alta en la Seguridad Social a cuatro trabajadores que se encontraban en situación ilegal, habían llegado a emplear la documentación de una misma persona. En otra ocasión, los trabajadores habían sufrido diversos abusos, con exigencia de dinero por la búsqueda de trabajo y alojamiento, para finalmente negarles el salario que deberían percibir después de varias semanas de agotadoras jornadas.

La investigación también ponía de manifiesto como una práctica muy generalizada, que los detenidos, en su calidad de intermediarios ante los empresarios, retenían parte del salario como comisión por su gestión de búsqueda de empleo y control de su actividad laboral.

Realizados varios controles en explotaciones agrícolas, pudo comprobarse la situación de ilegalidad en la que se encontraban algunos trabajadores, que no habían sido dados de alta en la Seguridad Social.
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