La jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Albacete ha archivado la cusa iniciada contra el que fue jefe de la Policía Local de Albacete, Pascual Martínez Cuesta, que tuvo origen en una denuncia presentada por los dirigentes del Sindicato Profesional de Policía Local (SPPL).
El pasado 29 de julio, la jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Albacete, decidió el archivo de la causa seguida contra el que fue jefe de la Policía Local de Albacete, Pascual Martínez Cuesta. Dicha causa se inició a raíz de la denuncia presentada en el año 2018, por los dirigentes del SPPL y el entonces concejal no adscrito, expulsado de Ciudadanos, Pedro Soriano. La excusa utilizada, fue la adjudicación de prendas de uniformidad para la Policía Local en el año 2014.
El objetivo no era otro que acabar con la jefatura de Pascual Martínez, de cualquier manera.
Así sucedieron los hechos: Los dirigentes del SPPL llevaban años -utilizando diversas estrategias- para acabar con la jefatura de Pascual Martínez, finalmente en el año 2018, siendo alcalde de la Corporación Municipal, Manuel Serrano y concejal Alberto Reina, (en la foto con Pascual Martínez), por fin dieron el paso de poner una denuncia penal, por la adjudicación, supuestamente irregular, llevada a cabo por el órgano de contratación municipal del que Pascual Martínez no formaba parte.
La acusación afirmaba que las prendas de uniformidad no se ajustaban a lo requerido en el concurso público, en base a aspectos descaradamente ridículos, como el bordado de las letras, la forma que tenían las hombreras o la inclinación del ajedrezado, todas ellas sin valor sustancial. Pero en el expediente municipal se incluyeron los tendenciosos “informes” del Interventor General del Ayuntamiento y de un “perito” contratado y pagado por el Ayuntamiento.
Sin embargo, en lo que se podría denominar una manifiesta ocultación de pruebas, en el expediente municipal no se incluyó la resolución del Tribunal de Cuentas del Estado, que había descartado perjuicio alguno para el Ayuntamiento, ni tampoco el informe del Servicio. Fue necesario que Pascual Martínez lo aportará junto a informes periciales de especialistas contrastados en Derecho Administrativo e Ingeniería Textil.
Además de la imperiosa necesidad, la uniformidad adquirida suponía un importante salto de calidad, mejora de imagen corporativa y cumplimiento de la normativa administrativa y de prevención de riesgos laborales. De hecho, fue utilizada con total satisfacción y funcionalidad durante un periodo superior a la media y a las exigencias establecidas.
La autoridad judicial decreta el archivo de la causa
Según el auto judicial de archivo de la causa, en “relación a la adjudicación del contrato a la empresa Insigna, de las diligencias practicadas no ha resultado acreditado mínimamente ningún acto de connivencia, pacto o negociación previa entre las partes implicadas en el contrato mencionado con carácter previo a la adjudicación, ni la obtención a resultas de dicho contrato de algún enriquecimiento injusto”.
Igualmente, el auto declara “que no cabe hablar de prevaricación administrativa con relación al informe de adjudicación”, ni de que se haya acreditado ningún perjuicio a la Administración.
Con el archivo, queda demostrada la falta a la verdad, así como la intencionalidad de los denunciantes. Además, los dirigentes del SPPL lo hicieron sin contar con la opinión de sus propios afiliados. Así dieron rienda suelta a su afán de causar daño profesional y personalmente a Pascual Martínez, y menoscabar su prestigio y su capacidad de dirección.
Tenemos el convencimiento de que los denunciantes eran plenamente conscientes desde el principio que su denuncia no tenía ninguna posibilidad de éxito, pero servía perfectamente a sus objetivos. Desgraciadamente, como Unijepol ha denunciado en varias ocasiones, esta práctica es frecuentemente utilizada por determinados políticos y sindicalistas sin escrúpulos, para quitarse de en medio a los buenos profesionales que desarrollan una buena gestión y dirigen con responsabilidad las Policías Locales, pero que obstaculizan sus oscuros intereses.
En palabras del afectado, Pascual Martínez, “lo primero y más importante es agradecer a muchísimas personas de todos los sectores de la sociedad albaceteña y fuera de ella, su confianza y apoyo mantenido a lo largo de estos difíciles años. A la vez, el archivo es una decisión que hace honor a la justicia, que deja en evidencia las verdaderas pretensiones y mala fe de los denunciantes, que no solo están pagando abogados con renombre, sino que han depositado fianza de varios miles de euros, eso sí, a costa de los afiliados. Es una forma de proceder de exactamente tres personas en concreto, con el dinero aportado periódicamente por hombres y mujeres honradas que no se merecen esa representación”.
Los abogados de Pascual Martínez, en colaboración con la asesoría jurídica de Unijepol, estudian ahora las medidas jurídicas a adoptar para exigir las responsabilidades que correspondan a los autores de esta denuncia.
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