Durante su comparecencia en el pleno de las Cortes regionales para informar sobre la resolución del contrato de concesión del servicio de transporte sanitario terrestre en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, Fernández Sanz ha especificado que la adjudicataria presentó alegaciones el pasado 4 de noviembre, las cuales están analizando los servicios jurídicos del Sescam.
El siguiente paso, ha explicado, consiste en que el Consejo Consultivo emita un dictamen sobre el procedimiento de resolución del contrato para que el Consejo de Gobierno se pronuncie y quede resuelto de manera definitiva, para poder así poner en marcha la licitación del nuevo contrato.
Mientras tanto, la empresa actual deberá seguir prestando el servicio, ha asegurado el consejero de Sanidad, "hasta que sea sustituida por otra", algo que Fernández Sanz ha confiado en que pueda hacerse "en el menor tiempo posible" en los próximos meses.
Fernández Sanz ha recordado que la UTE “Servicios Socio Sanitarios Generales, S.L. y Digamar Servicios S.L.”, (SSG), resultó adjudicataria del servicio del transporte sanitario terrestre para las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, en el mes de julio de 2017, comenzando en su prestación de servicio en el mes de octubre del mismo año y con una vigencia de contrato hasta el 31 de septiembre de 2021.
El precio de licitación del concurso en su momento, para la prestación de este servicio, se realizó por un importe de 64,5 millones de euros anuales, 3 millones de euros más de los que se venían pagando en el contrato vigente hasta 2017. Al concurso se presentaron un total de 8 empresas, significando una alta concurrencia que pone de manifiesto las buenas condiciones recogidas en el pliego de prescripciones. Con el objetivo de corregir deficiencias detectadas, afirmó el consejero de Sanidad, tanto desde los Servicios Centrales del Servicio de Salud como desde la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, se procede a realizar apercibimientos, que al no surtir efecto derivaron en múltiples expedientes sancionadores.
El titular regional de Sanidad ha hecho un relato del funcionamiento del servicio de transporte sanitario y de la actitud de la adjudicataria SSG desde que se hiciera con la adjudicación, en julio de 2017.
Ha incidido en que cuando se ha tomado la decisión de resolver el contrato es porque el servicio ya "no responde a la calidad deseada" además de que se han producido incidencias reiteradas y se han abierto una serie de expedientes sancionadores.
En este punto, ha especificado que en la provincia de Albacete se han abierto un total de 149 expedientes informativos y ha habido 20 apercibimientos a la empresa, a la que se le han abierto 36 expedientes sancionadores.
En el caso de la provincia de Ciudad Real, los expedientes informativos han sido 558, los apercibimientos 140 y los expedientes sancionadores 106; mientras que en Guadalajara las reclamaciones han ascendido a 215, los apercibimientos a 58 y se han abierto 38 expedientes sancionadores.
Por lo tanto, el consejero de Sanidad ha insistido en que la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario ha incurrido en una "reiterada mala práctica" y esta situación ha requerido una respuesta "definitiva" porque afectaba incluso a algo "ajeno al contrato y al Sescam" como es la negociación del convenio colectivo.
Fernández Sanz ha reconocido que ante "semejante situación" se podría haber actuado antes, pero no obstante ha dicho que una adjudicataria tiene la "suficiente protección legal de sus intereses" y, por lo tanto, para iniciar la resolución de un contrato de estas características se necesitaba un expediente "sólido y solvente" sobre el incumplimiento continuado.
Además, ha defendido que la Administración sanitaria siempre ha tenido en cuenta la calidad del servicio de forma prioritaria en el establecimiento de los pliegos de condiciones y que en el caso de la adjudicación a SSG el canon fijo primaba la ejecución de los niveles del servicio y no los recursos económicos a la baja.
En el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, la diputada regional de Ciudadanos (Ciudadanos) Úrsula López ha desvelado que la empresa SSG se presentó al contrato del transporte sanitario "en fraude de ley" porque había sido condenada por vulneración de los derechos de los trabajadores y ha acusado al Sescam de ser conocedor y "no haberle ha importado", ha lamentado.
Ante esta circunstancia, el parlamentario 'popular' Juan Antonio Moreno ha dicho que de confirmarse este extremo, el consejero de Sanidad debe "dejar el cargo automáticamente", al tiempo que ha acusado al Ejecutivo socialista de no hacer determinadas exigencias en la contratación como las relativas a la antigüedad de las ambulancias.
Por último, el diputado socialista Ángel Tomás Godoy ha reprochado al PP que ahora le pida diligencia al Gobierno regional en la resolución del contrato cuando no la tuvo durante su mandato en la región en relación también a la resolución del contrato de las ambulancias.
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No(
