El diputado albaceteño recordó en su comparecencia que el marco financiero plurianual logrado por el presidente Sánchez en el Consejo Europeo en julio del año pasado y consolidado por el ministro Planas, en la Cumbre de Luxemburgo, supondrá un presupuesto de 47.724 millones de euros, que, junto con las aportaciones de las distintas administraciones, alcanzará los 53.000 millones, lo que supone “una auténtica garantía de futuro para nuestro campo”.
González Ramos ha asegurado que el Gobierno ha demostrado ser sensible con las demandas de agricultores y ganaderos, aludiendo al decálogo que las organizaciones agrarias presentaron hace un año coincidiendo con la pandemia del Covid-19. “Eran -dijo- unas medidas que van más allá de una legislatura, que en la mayor parte de sus pretensiones ya se han cumplido, y las que faltan, como la Ley de Cadena Alimentaria, cuenta ya con un proyecto de Ley”.
El portavoz socialista en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, precisó que, respecto a la ayuda básica, el modelo de aplicación de la futura PAC a partir del 2023, todavía no se ha decidido y será en la reunión prevista el próximo mes de mayo con las comunidades autónomas, donde se debata el modelo que se quiere aplicar.
González Ramos explicó en comisión parlamentaria la intención de que la ayuda por superficie se vaya aproximando en cada región porque “es lógico y justo, que dos agricultores que realicen una misma actividad en la misma región de pago básico, cobren la misma ayuda, con independencia del cultivo o producción que tuvieron hace 20 años”.
Respecto a la eliminación de derechos y nuevas superficies, el diputado albaceteño afirmó que está habiendo muchas falacias y mentiras con el único propósito de sembrar la inquietud entre los agricultores y ganaderos.
“En los debates políticos sostenidos por el ministro de Agricultura Planas con las comunidades autónomas -explicó- se les preguntó si querían seguir con el sistema de derechos manteniendo el proceso de convergencia interna de los derechos individuales hacia el valor medio del derecho de cada región, o eliminarlo de forma total desde el 2022 o de forma progresiva durante dos o tres campañas hasta llegar al valor medio de la región”.
En este sentido el diputado socialista señaló la necesidad de hacer pedagogía con el sector porque “casi todas las comunidades autónomas, incluida Castilla y León, excepto Andalucía, están de acuerdo en eliminar los derechos individuales”.
Sobre este amplio consenso de la mayoría de las comunidades autónomas partidario de eliminar los derechos individuales, el portavoz socialista indicó que la razón estriba en que con ello se evita la patrimonialización de estas ayudas y la especulación con la compraventa de estos derechos.
Para el diputado albaceteño la eliminación de estos derechos individuales contribuirá a que la futura PAC sea más clara, sencilla, justa, equitativa y sostenible; supondrá la eliminación de una de las barreras para la incorporación de los jóvenes al campo, facilitando el relevo generacional y posibilitará el aumento de las explotaciones, proporcionado mayor competitividad al sector.
“Este Gobierno, este Grupo Parlamentario Socialista -finalizó- piensa en las personas, en los agricultores y en los ganaderos y tenemos una oportunidad única para conseguir una PAC verde, sostenible, equitativa, competitiva y sobre todo justa para corregir desigualdades. Nos jugamos el presente y el futuro y por ello creo que todos los grupos parlamentarios tenemos muchas más medidas que acordar que para estar en contra”.
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