La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha informado en rueda de prensa de los asuntos aprobados en la reunión semanal del gabinete, uno de ellos este plan con el que se busca garantizar el correcto uso de los fondos para los fines para los que han sido dispuestos, y además, con total transparencia.
Ha explicado que este plan es una medida obligatoria para todas las administraciones que gestionen los fondos de recuperación y resilencia, lo que significa que todas están obligadas a contar con un plan en los términos fijados en la normativa de los fondos.
Se van a realizar acciones formativas antifraude entre el personal funcionario que gestiona directamente los fondos europeos, que habrán de firmar un código ético y de conducta; y una evaluación específica del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude.
Las medidas de detección contemplan la utilización de indicadores de alerta y otras herramientas de comprobación en los procedimientos de gestión y control; herramientas de prospección y cruce de datos y canales de denuncia.
La participación de Castilla-La Mancha en los fondos Next Generation EU en sus diferentes mecanismos se cifra, hasta ahora, en aproximadamente en 1.500 millones de euros según las asignaciones conocidas hasta esa fecha.
Estos fondos se distribuirán en cinco grandes ejes: políticas de los cuidados (atención social, dependencia, sanidad e igualdad); transición energética (movilidad, energías renovables y rehabilitación de vivienda); medio ambiente (recursos naturales, economía circular y desarrollo rural); conocimiento (educación, formación y cohesión); y cohesión territorial e impulso al turismo.
En total, en todas estas políticas y con estos fondos se prevé la realización de unas 2.000 actuaciones en sectores estratégicos, en los próximos tres años gracias a la llegada de estos fondos de recuperación y del nuevo marco plurianual 2021-2027.
En relación con los fondos europeos, la consejera ha valorado la aprobación del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del sector agroalimentario de España, que está enfrentando retos relacionados tanto con la globalización como con los objetivos que ha marcado la Unión Europea, a través de la gestión de los fondos europeos, como son la mejora de la competitividad y la garantía de la sostenibilidad y la trazabilidad, y todo ello con criterios de calidad, cohesión territorial, mejora de la digitalización y de modernización de las explotaciones y de las producciones.
En total, según ha detallado Blanca Fernández, este PERTE sumará 1.000 millones de euros de fondos europeos que van a movilizar hasta 3.000 millones de euros en inversión privada y va a generar hasta 16.000 puestos de trabajo “de los cuales Castilla-La Mancha se va a ver muy beneficiada”.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 220.220 euros para obras de emergencia en Huete (Cuenca), destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad mediante una nueva tubería de impulsión, unas obras que ya comenzaron el 26 de enero y que beneficiarán a los 1.748 habitantes de este pueblo.
Huete pertenece a la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, beneficiaria de la subvención otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, regulada vía Real Decreto 1159/2020 de 22 de diciembre, y, por lo tanto, la actuación de emergencia se financia con cargo a esta subvención.
Por otro lado, la portavoz ha informado de que el Gobierno de Castilla-La Mancha suscribió a lo largo del año 2021 un total de 1.045 convenios -una media de casi tres al día- con diferentes instituciones y entidades públicas que supusieron una inversión de 298,9 millones de euros, 113,8 de ellos aportados por la Junta de Comunidades.
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