Así se establece en esta orden firmada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina y que, tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, habilita a la persona titular de la Dirección General competente en materia de presupuestos para precisar la clasificación orgánica, una vez quede desarrollada reglamentariamente la estructura orgánica y definidas las competencias de los distintos departamentos que componen la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta en nota de prensa.
La orden señala que las cuentas para el próximo ejercicio seguirán pivotando, por un lado, sobre la priorización de aquellas políticas de gasto más próximas a la ciudadanía, dirigidas a mantener y potenciar una red de servicios y prestaciones públicas de calidad que ofrezcan protección a las personas más vulnerables; y, por otro, sobre la atención de las necesidades del tejido productivo y la contribución al sustento e impulso continuo de la actividad económica y el empleo.
Mediante esta orden se regula el ámbito institucional, los criterios generales para presupuestar, el contenido básico, las estructuras presupuestarias y el proceso de elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024.
En este sentido, se especifica que contendrá los estados de ingresos, los estados de gastos y los estados financieros de las empresas y fundaciones públicas y de los consorcios que formen parte del sector público regional.
Igualmente, recoge que los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el próximo ejercicio se integrarán dentro del marco presupuestario 2024-2026, que se elaborará conforme a lo dispuesto en la legislación en materia de estabilidad presupuestaria, así como en su normativa de desarrollo.
Además, las cuentas incluirán como enfoques transversales de análisis el impacto de género, el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el impacto en la infancia y el impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación.
De este modo, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas establece como uno de los criterios generales de elaboración de los presupuestos regionales dar prioridad, conforme a las directrices que marque el Consejo de Gobierno, a aquellas políticas de gasto dirigidas a dar cobertura a los servicios públicos fundamentales y a atender las necesidades del tejido productivo.
Otros criterios serán el impulso de actuaciones de mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios, que redunden en reducciones adicionales de los gastos de funcionamiento no esenciales y en la mejora de los de carácter esencial, así como la austeridad en el funcionamiento de todos los órganos, organismos y entidades, tanto administrativas como instrumentales.
La cobertura, en materia de subvenciones e inversiones reales, de los gastos plurianuales comprometidos, respetando los derechos adquiridos que se deriven de los mismos; y la priorización de las actuaciones cofinanciadas por otras Administraciones públicas o por la Unión Europea, adecuando el gasto a la correcta ejecución y seguimiento de los ingresos públicos, serán también principios generales de los presupuestos de 2024.
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