Como ha explicado el vicepresidente de la Diputación, Fran Valera, "de forma unilateral", sin contar con el conjunto de integrantes de la Comunidad Hereditaria (de la que también forma parte la propia institución provincial) y "obviando también los trámites que ésta tenía frente a un notario designado por el Colegio de Notarios y acordado por el Pleno Provincial", una parte de los herederos firmaba este pasado verano la escritura de constitución de la citada Fundación, según ha informado la institución en nota de prensa.
Conforme ha seguido detallando Valera, este mes de noviembre la representación letrada de la Diputación de Albacete conocía que Urrea & Herederos (es decir, parte de los herederos) "ha dispuesto de más de cuatro millones de euros para la atención de gastos y honorarios profesionales ajenos a la Fundación" a dos abogados y una procuradora, realizados antes de su constitución y sin que esta haya adquirido personalidad jurídica, por la intervención en procedimientos, en cantidades en sí mismas "desproporcionadas" y en contra de lo acordado por el juzgado.
El vicepresidente ha explicado que esta información se comunicaba al Juzgado que tramita la ejecución de las sentencias vinculadas al caso, solicitando la deducción de testimonio "por posibles delitos de administración desleal y apropiación indebida". Situación que, por tanto, avala la decisión de la Diputación de Albacete de ejercer acciones penales por estas conductas, tras la tramitación del expediente y el acuerdo plenario hoy alcanzado, y habiendo comunicado todos estos pormenores al Registro de Fundaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
"Entendemos que el desvío de ese dinero no es acorde con esos fines que se reflejan en el testamento y que se ratificaron en sentencia; que no existe soporte legal para hacerlo; y que esta situación es lo suficientemente grave como para acudir al orden penal", ha subrayado Valera que, en defensa de los intereses de la ciudadanía de toda la provincia, ha añadido que "lo que va a hacer la Diputación es cumplir con su palabra, que no es otra que exigir la misma diligencia y la misma buena fe que se pedía a esta 'Casa' en los Juzgados, y exigírselas a los herederos y a todas aquellas personas que hayan tenido algo que intervenir en estos hechos que entendemos que no se ajustan a la legalidad".
HISTÓRICO DEL CASO
Al fallecer en Albacete en 1966, Purificación Urrea dejó un testamento que otorgaba su patrimonio a la Orden Religiosa de los Hermanos de San Juan de Dios Arcángel con la condición de crear una Fundación encargada de construir un hospital para niños pobres y desvalidos. Sin embargo, la Orden Religiosa renunció a su condición de heredera en 1967, argumentando que el patrimonio heredado no era suficiente para cumplir con el propósito benéfico establecido.
Como resultado, y de acuerdo con lo establecido en el testamento de Urrea, la Diputación de Albacete asumía la condición de heredera con la misma condición impuesta a la Orden Religiosa. El patrimonio heredado, valorado inicialmente en unos 29,8 millones de euros, se redujo a aproximadamente 28,1 millones tras el pago de deudas. Incluía bienes muebles e inmuebles, joyas, dinero en efectivo, cuentas bancarias, acciones, y tres fincas rústicas: Las Tiesas, La Casa del Pozo (en Valdeganga) y San Gregorio (en Alpera).
A partir de 1999, parte de los que se consideraban herederos legítimos empezaron a pleitear y comenzaron a surgir nuevos. En 2011, la Audiencia Provincial declaró ineficaz el nombramiento de la Diputación de Albacete como heredera de Purificación Urrea al no haber creado la Fundación para la asistencia de niños aludida por la testadora.
En 2020 el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Albacete, en sentencia confirmada por la Audiencia Provincial en julio de 2022, condenó a la Diputación al pago de 11 millones de euros (más intereses) por el rendimiento de las ya citadas fincas rústicas (hoy de experimentación y regadío) desde 1968 hasta 2014, así como a la entrega de todos los bienes, frutos, rentas y accesiones a la Comunidad Hereditaria (de la que, tras adquirir derechos hereditarios en 2015, forma parte la propia Diputación) para la constitución de la Fundación.
A esos efectos, en noviembre de 2021 se acordó dictar orden general de ejecución provisional por la que la Diputación Provincial de Albacete debía abonar 11.000.000 de euros de principal y otros 3.300.000 de euros en conceptos de intereses y costas, habiendo abonado ya la institución provincial a la Comunidad Hereditaria esos 11.000.000 de euros. Cifra mermada ahora en casi el 50% tras la situación explicada en el Pleno Provincial de hoy y que ha llevado a la Diputación a tomar la decisión de ejercer acciones penales contra Urrea & Herederos.
MOCIONES
En el apartado de mociones, han salido adelante la presentada por el Grupo Popular solicitando la creación de una línea de ayudas a los ayuntamientos de la provincia para actualizar y modernizar sus inventarios municipales de bienes, así como la propuesta por el Grupo de Vox, sobre el ahorro energético en los ayuntamientos y dependencias municipales. En ambos casos, desde el equipo de Gobierno se ha entendido que son cuestiones en las que se vienen dando pasos importantes desde la Diputación.
Si (
No(
