El convenio se firmará en los próximos días, cuando los respectivos plenos den luz verde al proyecto, con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre la situación de las personas migrantes que vienen a trabajar a la provincia, tanto al sector agrario como al resto de los sectores, y de dignificar sus condiciones.
Bajo este pretexto se ha creado una guía, destinada a las instituciones, los empresarios y las personas migrantes, con todos los recursos a los que se pueden dirigir estos trabajadores, así como los trámites administrativos a seguir, dónde y cómo realizarlos, los recursos sanitarios de los que disponen y un listado con las ONGs y los colectivos de ayuda a estas personas.
Además, para mejorar la comunicación entre las partes implicadas, se contará con intermediarios que medien y hagan de intérpretes.
"Queremos intentar mediar entre Ayuntamientos y empresarios para que aprueben ordenanzas como la de Albacete o Balazote e intentar que los recursos habitacionales sean un hecho para todas estas personas" ha explicado la secretaria provincial del sindicato, Carmen Juste.
Juste ha señalado que, a través de estos intermediarios, pueden comunicarse con los trabajadores a diario, "estamos yendo a los asentamientos y a los tajos, así podemos intentar denunciar todas las irregularidades que encontremos en cuanto a condiciones de vida y laborales y ponerlo en conocimiento de las instituciones y de la inspección de trabajo".
Desde CCOO también han puesto en marcha un servicio de información gratuita para las personas migrantes con un teléfono 900 y un abogado especializado en extranjería.
"Este recurso no viene a sustituir la inspección, viene a dar información, muy necesaria en muchos casos donde hay familias migrantes que no hablan castellano y donde el alcalde del pueblo quiere ayudar pero no sabe cómo", ha destacado el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, que ha apuntado que con este protocolo buscan "la intermediación" y "trabajar por la justicia social y por una sociedad más igualitaria".
En esta misma línea, el alcalde de la capital, Emilio Sáez, ha señalado que pretenden "defender y hacer más fácil los derechos que las personas tienen a la hora de trabajar en el campo", ya que, según ha añadido, "si no fuera por ellos, difícilmente podríamos tener en nuestra mesa muchos de los alimentos que tenemos".
El primer edil ha aprovechado para destacar el resto de acciones puestas en marcha desde el consistorio de la ciudad para tratar de mejorar las condiciones de vida de los temporeros, "hemos llevado a cabo la supresión del asentamiento de la carretera de Las Peñas, hemos buscado alternativas, poniendo en marcha nuevos recursos habitacionales, reforzando las plazas del albergue municipal, hemos puesto, en colaboración con Cáritas y el Obispado, 50 plazas en el Seminario, de las que ya hay 15 ocupadas, y hemos redactado una ordenanza de habitabilidad".
Medidas a las que se suma la apertura de la 'Nueva Dehesa', para acoger a familias con menores de los asentamientos, que esperan que esté disponible en los próximos meses.
"Al final de lo que se trata es de dignificar ese trabajo que viene a dar solución a los problemas de recogida de los alimentos del campo" ha concluido Sáez.
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