Un gran pacto nacido del amplio consenso entre la mayoría de organizaciones, asociaciones, partidos y sindicatos de la región implicados y que Torres se ha encargado de rubricar en nombre del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP) dependiente de la Diputación de Albacete, plenamente implicado en el trabajo desarrollado en las diferentes sesiones promovidas en torno a la Mesa de Agua durante estos meses y que, “tras mucho diálogo, esfuerzo y cesiones de todas las partes”, han dado como fruto esta “imprescindible posición común ante un asunto que es transversal y vital para el desarrollo de nuestra tierra”, tal y como ha subrayado.
La dirigente provincial albacetense ha puesto en valor “el compromiso tanto del presidente, Emiliano García-Page, como del consejero, Francisco Martínez Arroyo (cuya Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ha liderado la labor) por forjar este acuerdo con el objetivo de dotar a Castilla-La Mancha, en nombre del conjunto de su sociedad, de una posición única y fuerte” desde la que plantear con una sola voz ‘los principios, necesidades, retos y reivindicaciones en pro de una mejor gestión a nivel nacional sobre el agua, garantizando la redistribución de la riqueza que este recurso genera entre todos los territorios y la ciudadanía del país’, tal y como reza el propio texto.
Un Acuerdo integrador con aportaciones nacidas de la Diputación de Albacete
En el marco de esta firma, la vicepresidenta de la Diputación se ha mostrado orgullosa de haber podido contribuir a enriquecer el propio documento a través distintas aportaciones importantes trasladadas desde el propio ITAP en las distintas sesiones de la Mesa del Agua, agradeciendo al equipo del Instituto la implicación que ha puesto en ello.
Así, entre esas iniciativas están la inclusión de las Entidades Locales como protagonistas clave en el necesario y creciente proceso de cogobernanza que ha de darse en torno al agua mediante una gestión democratizada de este recurso; la inclusión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 con especial protagonismo hacia el 6 que pretende ‘garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos’.
Igualmente, ha puesto en relieve que el Acuerdo finalmente alcanzado integre la propuesta de que el agua se incluya en el Plan Regional de Educación Ambiental tomando éste como modelo la experiencia de la Agenda 21 Escolar-Horizonte 2030 impulsada por la institución provincial lo que, ha incidido, reconoce el valor de este programa que aprovecha el enorme potencial de la Educación (desde las edades más tempranas) para contribuir, de forma eficaz, a desarrollar una ciudadanía sensible a una cultura responsable de ahorro y eficiencia hídrica.
Una participación activa y un afán colaborador que, como hasta la fecha y tal y como ha asegurado la dirigente provincial, seguirán siendo las señas de identidad tanto desde el propio ITAP como desde la Diputación albacetense, para con el equipo de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y el conjunto del Gobierno autonómico para avanzar de forma sólida en el camino que, ha asegurado, ha de seguir a este Acuerdo.
Ejes del documento. El Acuerdo en Defensa del Agua de Castilla-La Mancha hoy firmado contempla, entre otras, cuestiones fundamentales que parten del reconocimiento del agua como un derecho humano que ha de ser administrado y preservado por los poderes públicos del Estado y gestionado en beneficio del interés general, protegiéndolo, defendiéndolo y tratándolo como tal.
Además, refleja lo imprescindible de establecer y aplicar caudales ecológicos para todas las masas de agua tanto para lograr el buen estado ecológico que exige el ordenamiento jurídico, como otros beneficios importantes (entre ellos, ahorro de energía, mitigación del cambio climático y adaptación, y desarrollo natural y de la biodiversidad).
El documento defiende que, de acuerdo con el Estado de las Autonomías, los territorios deben tener peso en las decisiones sobre el agua, participando mediante modelos reales de gobernanza basados en el acuerdo y el consenso, con un protagonismo claro y proporcionado al volumen de recursos aportado por cada territorio y a la superficie de la cuenca hidrográfica; concepto que, a su vez, será la unidad de balance hidrológico, cuyo principio de prioridad ha de tenerse en cuenta de forma clara y que considerará todos los recursos disponibles de modo integral e integrado (superficiales regulados y fluyentes, subterráneos renovables, reutilización, desalación).
Para decidir sobre transferencias, la cuenca hidrográfica cedente debe satisfacer todas las demandas actuales y futuras, conforme a lo previsto en la planificación hidrológica. Precepto según el que el texto recoge que los trasvases (y, en especial, el del Tajo al Segura) no pueden seguir respondiendo a las demandas ilimitadas de otras regiones sin tener en cuenta las necesidades de la nuestra.
También el Acuerdo asume la promoción de regadíos sociales (especialmente en zonas con dificultades socio- económicas y naturales) como elemento vertebrador del territorio y dentro de procesos globales de desarrollo rural, de modo que se dinamice el medio rural y se contribuya a fijar la población.
Y contempla que la gestión sostenible de los recursos hídricos requiere cumplir unos objetivos medioambientales y socioeconómicos, para los que la I+D+i es una herramienta necesaria que ha de potenciarse, abarcando un amplio abanico de materias como la toma de datos y el tratamiento de la información, las herramientas de planificación de medidas, la ingeniería, la geología y la hidrogeología, las tecnologías y procesos, y las herramientas de gestión.
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