De este modo, la Corporación Provincial ha dado "un importante paso" en pro de poner fin y dar seguridad jurídica a un asunto que la Diputación de Albacete viene arrastrando desde que, en octubre 1968, se convirtiera en heredera de Doña Purificación Urrea y Pérez de Ontiveros, según ha informado la institución.
Concretamente, este jueves se ha aprobado por unanimidad el inicio de los trámites para dar cumplimiento al auto dictado en el procedimiento de ejecución provisional de la sentencia de primera instancia de diciembre de 2020, que insta a la Diputación a entregar los bienes de la herencia en favor de la comunidad hereditaria con el fin de dotar a la Fundación que ésta habrá de crear en un plazo máximo de 10 meses desde que reciba los bienes.
Una sentencia que también condena a la institución provincial a pagar 11 millones de euros en concepto de los rendimientos que, entre 1968 y 2014, dieron las fincas rústicas incluidas en esa herencia: Las Tiesas, La Casa del Pozo en Valdeganga y San Gregorio en Alpera.
El portavoz del equipo de Gobierno, Fran Valera, ha informado de que se ha solicitado al Juzgado el fraccionamiento de esos citados 11 millones de euros, a razón de 1,5 millones de euros al año. "Esa cantidad es la máxima que la Diputación puede aportar sin poner en riesgo la prestación de servicios a los que legalmente está obligada, con especial atención a los que ofrecemos a los municipios de menor población que, de otra forma, carecerían de ellos por completo".
Ha detallado igualmente que se ha procedido a solicitar al Colegio de Notarios la designación de Colegiado para cumplir con dicha entrega y asegurar que, tanto los bienes como esa suma de 11 millones de euros en concepto de rendimientos de las fincas rústicas, pasan a formar parte de la Fundación que deberá constituirse para cumplir la voluntad de la testadora: la creación de un hospital que albergara y sanara a los niños pobres y desvalidos.
Esta ejecución provisional deriva de la demanda accionada, en 2017, por tres de las herederas de Purificación Urrea, solicitando que la Diputación entregara a la comunidad hereditaria de la testadora el total de los bienes recibidos en concepto de heredera, los frutos y rentas de los mismos que cuantificaban en la cantidad de 22.847.857 euros.
Como ha expuesto Fran Valera, en el escrito de contestación a esa demanda, la Diputación no se opone a entregar las fincas en favor de la comunidad hereditaria con el fin de aportarlas a la Fundación que ésta deberá crear; "pero sí discrepa en el pago de frutos y rentas, y mucho más en la cantidad pedida por las actoras, pues habrá de tenerse en cuenta el estado en el que se encontraban las fincas en 1968 (de carácter secano) y cómo están ahora, así como todas las mejoras realizadas por esta Casa en las mismas".
UN PERIPLO QUE DATA DE 1968
Purificación Urrea y Pérez de Ontiveros fallece en Albacete, en febrero de 1966, habiendo declarado heredera condicionada de todo su patrimonio a la Orden Religiosa de los Hermanos de San Juan de Dios Arcángel, que tenía cinco años para crear una Fundación que debería poner en marcha "un Hospital que albergara y sanara a los niños pobres y desvalidos", tal y como recogía el Testamento que, además, contemplaba que, de no cumplir la Orden con esa condición, perdería su condición de heredera en favor de la Diputación de Albacete que, a su vez, debería crear la Fundación, no en el plazo de cinco años, sino en el menor tiempo posible.
En 1967 la Orden Religiosa renunció a su condición de heredera sin haber creado la Fundación, pasando la Diputación a ser heredera. Exactamente fue el 19 de octubre de 1968 cuando se firmaba la escritura de herencia, siendo presidente de la Diputación, Antonio Gómez Picazo.
Así, la Diputación asumió todos los bienes muebles e inmuebles de la fallecida, valorados en 29.825.752,20 euros. Además del ajuar doméstico de la testadora, sus joyas, el dinero en metálico depositado en diferentes cuentas bancarias y acciones, y las tres citadas fincas rústicas (por entonces, totalmente de secano).
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
De otro lado, el pleno de la Diputación ha dado luz verde a la propuesta de Plan de Obras y Servicios (POS) diseñada por el equipo de Gobierno para 2022, cuya inversión ascenderá a los 6.383.000 euros.
Los ayuntamientos recibirán a partir de hoy una notificación con esta propuesta que ha aprobado el pleno y una carta en la que se les solicita que comuniquen, hasta el próximo 14 de enero, qué obras tendrían interés en acometer con cargo a ese POS 2022.
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