Así lo ha explicado el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, tras visitar, junto a la concejala de Atención a las Personas, Juani García, y las responsables técnicas de este servicio municipal, los recursos sociales ubicados en los centros socioculturales de Parque Sur y Ensanche. Cabe recordar que la actuación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento incluye desde la detección y recepción de la notificación de una posible situación de riesgo o desprotección de menores a la fase de estudio e investigación para, a continuación, abordar la valoración diagnóstica, la planificación de la intervención y, por último, la evaluación.
En concreto, el Proyecto de Prevención e Intervención Familiar es una iniciativa con la que el Consistorio de la capital trata de asegurar la correcta atención de las necesidades básicas de los y las menores en el seno de su núcleo familiar. Como ha detallado Sáez Cruz, se investigaron 161 familias, de las que el 51,6% resultaron ser casos donde se comprobaron una serie de indicadores de desprotección susceptibles de intervención y abordaje por parte de los Servicios Sociales de Atención Primaria, suponiendo 62 altas nuevas de familias con las que intervenir, frente a los 21 casos en los que, tras un periodo de estudio, se concluyó que no era preciso intervenir.
Activación de medidas de protección. Además, en 46 de las familias con las que se trabajó en 2021 se llegó a la conclusión de que era necesario activar medidas de protección para los menores, concretamente, medidas de declaración de situación de riesgo para 52 menores, y declaración de Situación de Desamparo, con la consecuente asunción de tutela por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para otros 20 menores.
La detección de los casos a investigar procede de diferentes fuentes, las más habituales son comunicadas desde los Servicios Sociales especializados o de Atención Primaria (37%), ámbito educativo (32%), entorno familiar (13%) y ámbito judicial o policial (12%). El 6% proceden del ámbito sanitario.
Por otro lado, a lo largo de 2021 se contabilizaron un total de 116 familias que se dieron de baja en la intervención, bien por el traslado a otros municipios, por la mayoría de edad de los menores, por la adopción de una medida de desamparo y asunción de la tutela de los menores, por dejar de existir indicadores de riesgo, por la derivación a otros recursos como el Dispositivo de Atención al Menor (DIAM), y generalmente, por el cumplimiento de los objetivos marcados en el plan de intervención con las familias.
Otro de los aspectos relevantes en el programa es la creación del Equipo de Intervención Familiar, que surgió como respuesta, desde el Servicio de Acción Social, a raíz de la crisis económica de la última década, que saturó el sistema de servicios sociales, incrementó el número de demandas para una atención individualizada y la tramitación de prestaciones económicas; sin olvidar que existen momentos durante la intervención en familias con menores en riesgo, en los que la atención se tiene que intensificar; actuando con aquellas consideradas de riesgo, en función de criterios como la dificultad en la resolución de conflictos.
Metodología de intervención. Como ha explicado la concejala de Atención a las Personas, Juani García, desde el Proyecto de Prevención e Intervención Familiar se trabaja, por un lado, con medidas de carácter preventivo, “para evitar que los y las menores deban abandonar el núcleo familiar”. En este caso, el perfil que tienen las familias destinatarias es el de aquellas en las que hay menores de 18 años y que, por diversas circunstancias, tienen dificultades para cumplir la función educativa, socializadora y protectora que sus hijos e hijas requieren, situándoles en una situación de riesgo leve o medio de desprotección.
El segundo nivel de intervención busca conseguir el retorno de los y las menores a los hogares después de la pérdida de la tutela por parte de sus progenitores. “Está dirigida a los casos de situación de desprotección, entendiendo como tal, la que se produce en las familias con menores con necesidades básicas sin cubrir a causa de sus circunstancias familiares o el comportamiento de sus madres y padres, responsables legales o personas adultas”, ha reseñado la concejala de Atención a las Personas, destacando que “en estos casos son los Equipos de Protección, del Servicio de Infancia y Familia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los que proponen nuestra implicación y seguimiento con el propósito de modificar las causas que dieron lugar a la retirada de la tutela con la finalidad del retorno de los menores al núcleo familiar de convivencia”, ha concluido.
Si (
No(
