El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la compra de 540.500 dosis para la campaña de vacunación frente a la gripe 2026-2027, con una inversión cercana a los 5,9 millones de euros.
La portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que esta adquisición forma parte del esfuerzo que realiza cada año el Gobierno regional para proteger la salud de la población, “a lo largo de todas las etapas de la vida” y, especialmente, la de aquellas personas que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones. En este sentido, ha recordado que “la gripe no es un simple resfriado”. Aunque en muchas personas puede provocar fiebre, cansancio y varios días de malestar, sus consecuencias pueden ser mucho más graves en personas mayores o con enfermedades crónicas, ha advertido Padilla.
Por este motivo, la campaña estará dirigida especialmente a proteger a estos grupos de población, pero también a las personas que conviven, trabajan o mantienen un contacto habitual con ellas, ya que la vacunación contribuye a reducir las posibilidades de transmisión del virus. Del mismo modo, se recomienda la vacunación de los profesionales que desempeñan servicios esenciales. “Hay que entender la vacunación no solo como una decisión individual, sino también como una medida de protección colectiva”, ha señalado la portavoz.
Una sanidad que se anticipa a la enfermedad
Esther Padilla ha puesto en valor la vacunación como una herramienta fundamental para “seguir avanzando en la concepción que tenemos en Castilla-La Mancha de una sanidad que debe actuar antes de que llegue la enfermedad: que no espera a que aparezca, sino que trata de anticiparse”.
Es por ello que, desde el Gobierno regional, se ha mantenido una apuesta firme y sostenida por las políticas de inmunización. Así, durante 2026, se destinarán más de 39 millones de euros a la adquisición y administración de vacunas. Esta cantidad “es la mejor expresión del compromiso anual y acumulado del Gobierno regional” y, según ha recalcado Padilla, contrasta con los cerca de cinco millones de euros que se destinaban a estas políticas durante el último periodo de la legislatura 2011-2015, lo que supone un incremento superior al 700%.
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