Un encuentro de trabajo, en el que también han participado el senador por Albacete y viceportavoz socialista de la Comisión de Políticas integrales de la Discapacidad de la Cámara Alta, Juan Ramón Amores; la diputada por Barcelona y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso, Teresa Llorens; y la diputada por Cáceres y miembro de la Comisión de Discapacidad del Congreso, Maribel García.
En el marco de este encuentro, el CERMI ha expresado su satisfacción por la propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución, consensuada entre el PSOE y el PP, para llevar a cabo, la que han calificado como “la primera reforma social de la Constitución española, de mano de la discapacidad organizada”.
De hecho, esta reforma, que será debatida en la sesión del Congreso de los Diputados del próximo martes, 16 de enero, da respuesta a una demanda de la sociedad civil y es fruto del empeño del movimiento social de la discapacidad, liderado por el CERMI.
La propuesta, para la que el diputado socialista Emilio Sáez desea el respaldo unánime de la Cámara Baja, supone “eliminar de nuestra Carta Magna una terminología hiriente, que desconsideraba y ofendía a las personas con discapacidad. Es decir, se despreciaba a un 10 por ciento de la población de nuestro país”.
Asimismo, Emilio Sáez ha valorado que esta reforma “fija en nuestra Norma fundamental el enfoque de derechos humanos, el único válido para abordar la realidad de los más de 4 millones de personas que conviven con algún tipo de discapacidad en España”.
Durante esta reunión, el CERMI también ha expuesto un conjunto de peticiones, para las que ha solicitado el apoyo y respaldo de los grupos socialistas del Congreso y el Senado, entre las que figuran abordar los problemas de accesibilidad en sus viviendas de más de 100 mil personas mayores con discapacidad, con dificultades para desarrollar una vida plena y autónoma; y establecer un nuevo marco legal de inclusión de las personas con discapacidad, a partir de las recomendaciones que figuran en el Libro Blanco de empleo y discapacidad de 2023.
Por último, se planteó la conveniencia de incrementar el porcentaje de asignación tributaria para financiar proyectos sociales, para pasar del 0,7 actual al 1%, tanto en el impuesto de la renta, como en el de sociedades, con el objetivo de aumentar los recursos económicos para proyectos de inclusión y de extensión de los derechos sociales.
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